La sombra de la impunidad judicial oscurece los primeros meses de la administración Paz

LA PAZ — En una celda hacinada del penal de San Pedro, Marco, un exfuncionario público de 45 años, marca su décimo mes en detención preventiva. No tiene sentencia, ni fecha de juicio, ni una acusación formal clara más allá de una denuncia genérica por "incumplimiento de deberes". Su caso, lejos de ser una excepción, se ha convertido en la norma burocrática que define el sistema judicial boliviano. "Cambian los nombres en el Palacio Quemado, pero el fiscal sigue esperando una llamada de arriba para decidir mi suerte", dice Marco, cuyo apellido se reserva por temor a represalias.

Este estancamiento ilustra una realidad incómoda para el nuevo Ejecutivo: la maquinaria de la justicia boliviana sigue operando bajo las mismas dinámicas de arbitrariedad e ineficiencia que caracterizaron a la década anterior, desafiando la narrativa de "cambio institucional" que llevó a Rodrigo Paz a la presidencia.

El nudo gordiano

Según un reciente informe de expertos juristas y organismos de Derechos Humanos citados por la Agencia de Noticias Fides (ANF), la asunción de la nueva administración no ha logrado desmantelar las estructuras de impunidad arraigadas en el Estado. El reporte es lapidario: la injerencia política en los tribunales y el abuso de la detención preventiva no solo persisten, sino que continúan siendo la herramienta predilecta para el control social y político, replicando vicios de la era del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Para los inversores y observadores internacionales, la ecuación es simple y preocupante: sin seguridad jurídica, la recuperación económica prometida por el gobierno de Paz corre el riesgo de quedarse en papel mojado.

La inercia del sistema

El núcleo del problema reside en la provisionalidad. Cerca del 80% de los jueces y fiscales en Bolivia carecen de titularidad, lo que los deja vulnerables a destituciones arbitrarias si sus fallos no se alinean con los intereses del poder de turno.

"La justicia no ha cambiado de color, solo de patrón", señala un analista legal de la Fundación Construir, quien pidió anonimato para hablar con franqueza. "La expectativa era que la administración Paz impulsara una carrera judicial independiente en sus primeros cien días. En su lugar, hemos visto una rotación de operadores que mantiene la lealtad política por encima de la competencia técnica".

Los datos respaldan el escepticismo:

• Detención Preventiva: Sigue siendo la regla, no la excepción. Más del 65% de la población carcelaria en Bolivia espera un juicio, una de las tasas más altas de la región.
• Retardación: Los procesos penales duran un promedio de cuatro años en primera instancia, desincentivando cualquier intento legítimo de buscar reparación legal.

El costo político y económico

Desde una perspectiva de mercado, la debilidad judicial es un "impuesto invisible" para el sector privado. Las empresas extranjeras, cruciales para la estrategia de atracción de capitales del actual ministro de Economía, ven con recelo un sistema donde los contratos pueden ser reinterpretados por un juez presionado políticamente.

"El gobierno de Paz enfrenta una paradoja", explica Carlos Cordero, consultor de riesgo político. "Ganó con una plataforma de institucionalidad republicana, pero gobernar con una justicia independiente es difícil cuando se hereda un país polarizado. La tentación de usar a los jueces para neutralizar a la oposición radical sigue latente".

La voz de los expertos

El reporte citado por Fides subraya que las "prácticas arbitrarias" incluyen la criminalización de la protesta y la falta de debido proceso en casos de alto perfil. Expertos internacionales, incluidos veedores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han reiterado que sin una reforma estructural —que incluya presupuesto y autonomía real— la impunidad seguirá siendo la política de Estado de facto.

Para Marco, en San Pedro, el debate macropolítico es irrelevante frente a su realidad inmediata. Mientras el gobierno de Rodrigo Paz celebra sus primeros logros legislativos, el sistema judicial que prometió reformar sigue siendo una trampa kafkiana de la que es imposible salir.

Como sentenció un diplomático europeo en La Paz la semana pasada: "Bolivia no necesita nuevas leyes, necesita que se cumplan las que ya existen. Y hasta ahora, el nuevo gobierno no ha demostrado que la ley sea igual para todos".