Justicia por encargo: La impunidad y la arbitrariedad se atrincheran en la era de Rodrigo Paz
A pesar de la retórica de cambio institucional, un coro de expertos advierte que el sistema judicial sigue operando como un brazo ejecutor del poder político, reciclando los peores vicios del pasado para blindar a la élite y perseguir a la disidencia.
LA PAZ — Cuando la administración de Rodrigo Paz asumió el control, la promesa central fue desmantelar la maquinaria de persecución judicial que ha plagado a Bolivia durante décadas. Sin embargo, los expedientes en los tribunales cuentan una historia diferente: la guillotina judicial no ha desaparecido, solo ha cambiado de operador.
Según un nuevo análisis de juristas y observadores de derechos humanos, lejos de instaurar la independencia de poderes, el gobierno actual ha permitido que persistan —y en algunos casos se profundicen— las prácticas de detención arbitraria y la impunidad selectiva. La conclusión de los expertos es devastadora para la salud democrática del país: el sistema de justicia boliviano sigue funcionando bajo una lógica de "pago o lealtad", donde el debido proceso es un lujo y no un derecho.
La Mecánica de la Cooptación
El informe, que expone las grietas del sistema, señala un patrón alarmante que se identifica a menudo en democracias frágiles: la instrumentalización de la provisionalidad.
La gran mayoría de los jueces y fiscales en el país no tienen titularidad en sus cargos. Esto crea un incentivo perverso: fallar conforme a la ley puede costarles el puesto, mientras que fallar conforme a los deseos del Ejecutivo garantiza su supervivencia laboral. Bajo el gobierno de Paz, esta estructura no solo se ha mantenido intacta, sino que se ha utilizado para acelerar procesos contra opositores políticos mientras se congelan las investigaciones sobre corrupción interna.
"No estamos viendo errores procesales; estamos viendo un diseño institucional", advierte uno de los expertos citados en el reporte. La justicia no es ciega; mira de reojo hacia el Palacio Quemado antes de dictar sentencia.
Los Datos de la Impunidad
La investigación arroja luz sobre dos realidades paralelas que coexisten bajo la actual administración:
- La Vía Rápida para el Poder: Casos de alto perfil que involucran a aliados de la actual gestión se estancan en "etapas preliminares" indefinidas, atrapados en la burocracia deliberada del Ministerio Público.
- La Mano Dura para el Resto: Para el ciudadano común y el rival político, el uso de la detención preventiva sigue siendo la norma, violando estándares internacionales que dictan que la cárcel debe ser la excepción, no la regla para investigar.
Este doble estándar socava la confianza pública. Mientras el gobierno de Paz promociona cifras macroeconómicas o estabilidad política, los cimientos del Estado de Derecho se pudren en silencio.
El Costo Humano y Político
La persistencia de estas prácticas arbitrarias tiene un costo que va más allá de las estadísticas judiciales. Crea un clima de inseguridad jurídica que ahuyenta la inversión y, lo que es más crítico, deja al ciudadano indefenso frente al Estado.
Si el gobierno de Rodrigo Paz no toma medidas drásticas para cortar el cordón umbilical entre la política y los tribunales, su legado no será el de la modernización que promete, sino el de haber sido el guardián de un sistema roto. La advertencia de los expertos es clara: sin una justicia independiente, no hay democracia, solo un turno electoral para decidir quién sostiene el martillo.
