El TSE contra los algoritmos: La estrategia para blindar las elecciones 2026 de la guerra sucia
Con Gustavo Ávila a la cabeza, el TSE prepara regulaciones para frenar la "guerra sucia" digital de cara a 2026. Analizamos la viabilidad técnica y política de controlar el caos en redes sociales.
Bajo la nueva presidencia de Gustavo Ávila, el organismo electoral prepara un marco regulatorio inédito para combatir la desinformación digital, en un intento por legitimar unos comicios que se anticipan como los más polarizados de la historia reciente.
LA PAZ — En los pasillos digitales de TikTok y los grupos cerrados de WhatsApp, la campaña electoral boliviana nunca terminó. Allí, lejos de la supervisión de los notarios electorales, circulan audios manipulados con inteligencia artificial y videos fuera de contexto diseñados para destruir reputaciones en segundos. Para el votante promedio, distinguir entre una propuesta política legítima y una operación de desprestigio es cada vez más difícil. Esta anarquía digital, donde la verdad es la primera víctima, es el nuevo frente de batalla que amenaza la estabilidad democrática del país.
Este es el escenario que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) busca intervenir. Ante la inminencia de las Elecciones Generales de 2026, el flamante presidente del organismo, Gustavo Ávila, quien asumió el cargo a finales de diciembre de 2025, ha heredado y reforzado una estrategia de "blindaje" institucional. El objetivo es ambicioso y técnico: implementar un candado normativo y ético que frene la guerra sucia y la desinformación antes de que deslegitimen el proceso en las urnas. No se trata solo de contar votos; se trata de asegurar que el clima en el que se emiten no esté envenenado.
"El Órgano Electoral no caminará con temor, caminará con la fuerza que le da su Constitución", declaró Ávila en su posesión, marcando una línea dura frente a las presiones externas que buscan erosionar la credibilidad del árbitro.
El Desafío Regulatorio
La llegada de Ávila surge en un momento de fragilidad institucional. Con un calendario que proyecta la convocatoria oficial para agosto de 2025, la nueva directiva se enfrenta a la tarea de regular un ecosistema que, por definición, se resiste al control: internet.
El plan de blindaje se sustenta en dos pilares fundamentales:
- Compromisos Éticos Vinculantes: Más allá de los tradicionales pactos de caballeros, el TSE busca que las organizaciones políticas suscriban acuerdos con mecanismos de monitoreo real sobre sus brazos digitales y consultores de comunicación.
- Monitoreo de Desinformación: Se prevé el fortalecimiento del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE) para auditar no solo la propaganda en medios tradicionales, sino el flujo de campañas pagadas en redes sociales, un vacío legal que ha permitido el financiamiento opaco de ataques políticos.
Un Presupuesto Ajustado
La logística de este blindaje enfrenta un obstáculo pragmático: el dinero. La administración de Ávila debe ejecutar este control de daños en medio de una política de austeridad. La eliminación de las elecciones primarias (PAS), una medida impulsada para optimizar recursos y tiempos, ha liberado margen de maniobra, pero la fiscalización digital requiere tecnología y personal especializado que el Estado boliviano no posee en abundancia.
Analistas consultados por Bolivia Journal señalan que la efectividad de estas medidas dependerá de la capacidad coercitiva del TSE bajo su nuevo liderazgo. "¿De qué sirve detectar una mentira viral si la sanción llega tres meses después de la elección?", cuestiona un exvocal electoral. La velocidad de la justicia electoral deberá intentar equipararse a la velocidad de la fibra óptica.
El Factor de la Legitimidad
Para los inversores y observadores internacionales, la preocupación central no es quién gane en 2026, sino si el perdedor aceptará los resultados. En un clima de alta polarización, donde la ruptura interna del Movimiento Al Socialismo (MAS) y la fragmentación de la oposición configuran un tablero volátil, la "guerra sucia" no es solo una táctica de campaña; es una herramienta de desestabilización post-electoral.
Si la gestión de Gustavo Ávila logra establecer un perímetro de verdad aceptable —o al menos, reducir el volumen del ruido tóxico—, las elecciones de 2026 podrían ofrecer la certidumbre jurídica y política que la economía boliviana necesita desesperadamente para reactivarse. Si fracasa, el riesgo es que el conflicto se traslade de las redes a las calles, repitiendo ciclos de crisis que el país conoce demasiado bien.
Ávila y su equipo técnico tienen menos de un año para levantar este muro de contención. En la era de la posverdad, proteger las urnas es la parte fácil; proteger la mente del elector es el verdadero desafío.
