El decreto de "Emergencia Económica" de Bolivia enfrenta un muro legal que amenaza su viabilidad
El intento del Ejecutivo de legislar reformas fiscales y laborales por decreto para sortear al Congreso podría derivar en una nulidad masiva, advierten expertos constitucionales.
LA PAZ— Para Roberto A., propietario de una importadora de insumos médicos en Santa Cruz, el Decreto Supremo N° 5503 parecía, a primera vista, un salvavidas. La promesa de una "prescripción de oficio" para sus deudas tributarias antiguas y el nuevo régimen simplificado (SIETE-RG) le ofrecían la liquidez que desesperadamente necesitaba para seguir operando. Sin embargo, cuando consultó a su equipo legal sobre si debía acogerse a los beneficios, la respuesta fue tajante: "No firmes nada todavía".
La cautela de los abogados de Roberto refleja una incertidumbre que recorre hoy los pasillos corporativos de Bolivia. Mientras el gobierno promociona el decreto como una solución ágil a la crisis, un análisis jurídico profundo sugiere que la norma está construida sobre cimientos de arena que podrían colapsar ante la primera impugnación judicial.
El Decreto Supremo 5503, diseñado para declarar una "Emergencia Económica Nacional", se enfrenta a acusaciones de nulidad absoluta por invadir competencias exclusivas del Legislativo. Según un nuevo análisis técnico-legal al que tuvo acceso Bolivia Journal, la norma no solo contraviene la Constitución al crear impuestos y modificar leyes laborales por decreto, sino que expone al Estado a futuras demandas de arbitraje internacional. Para el sector privado, lo que se presentó como un "blindaje" para la inversión podría terminar siendo una trampa de inseguridad jurídica.
Un atajo constitucional
El corazón del conflicto legal radica en la herramienta utilizada. El Ejecutivo fundamentó sus facultades extraordinarias en la Ley N° 602 de Gestión de Riesgos, una norma diseñada para atender desastres naturales como terremotos o inundaciones, no crisis de balanza de pagos.
"Una crisis financiera no encuadra ontológica ni técnicamente en la tipificación de Desastre de la Ley 602", explica el documento de análisis. Al equiparar un déficit fiscal con una catástrofe física, el gobierno estaría incurriendo en una "desviación de poder", utilizando una ley de socorro humanitario para legislar sobre política económica estructural sin pasar por el filtro de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
El riesgo fiscal: "Nullum tributum sine lege"
La preocupación más aguda para los directores financieros (CFOs) radica en el Artículo 323 de la Constitución Boliviana, que consagra que solo la Ley puede crear o modificar tributos.
El Decreto 5503 introduce el "Sistema Integrado Especial de Transición (SIETE-RG)" con una alícuota del 5% sobre ventas brutas. Jurídicamente, esto constituye la creación de un nuevo tributo ex novo.
El riesgo es operativo y penal: si el decreto es declarado inconstitucional meses después de su aplicación, los impuestos pagados bajo este régimen podrían considerarse exacciones ilegales, y las deudas "perdonadas" bajo la amnistía del decreto podrían reactivarse con multas e intereses retroactivos, dejando a las empresas en una situación peor que la inicial.
Inversión sin blindaje
Uno de los puntos de venta más fuertes del decreto fue la promesa de otorgar "fuerza de ley" a los contratos de inversión para atraer capital extranjero (Artículo 11). Sin embargo, el análisis advierte que esta promesa es "jurídicamente imposible" de cumplir mediante una norma reglamentaria.
La Constitución boliviana reserva exclusivamente al Legislativo la facultad de aprobar contratos de interés público. Un decreto no puede blindar a un inversor frente a cambios legislativos futuros. Esto crea una paradoja peligrosa: el decreto promete estabilidad para atraer dólares, pero su propia debilidad legal genera el escenario perfecto para futuras demandas ante tribunales arbitrales como el CIADI, si un futuro gobierno decide desconocer estos contratos por vicios de origen.
Mirada al futuro
La implementación del Decreto 5503 coloca al sector empresarial en una encrucijada. Acogerse a sus beneficios implica validar implícitamente una norma que fractura la jerarquía legal; ignorarlo significa perder competitividad frente a quienes tomen el riesgo.
Por ahora, la recomendación de los expertos es clara: la viabilidad de estas reformas requiere, ineludiblemente, su paso por el Congreso. Intentar imponer cambios estructurales en impuestos y leyes laborales vía decreto no es solo un atajo político, sino una apuesta de alto riesgo donde la seguridad jurídica es la primera víctima.
