El Decreto 5503 reescribe las reglas del juego: Ajuste fiscal a cambio de superpoderes ejecutivos

LA PAZ – En la sede de la Federación de Maestros Urbanos, José Luis Álvarez no habla de curvas de oferta y demanda, sino de soberanía. Para él y para miles de manifestantes que han bloqueado el centro paceño esta semana, el Artículo 5 del Decreto Supremo 5503 no es una herramienta de ingeniería financiera, sino un cheque en blanco. "Están empeñando el patrimonio del Estado sin preguntarle a nadie", advierte el dirigente, mientras sus bases se preparan para una huelga indefinida. Su reclamo, aunque estridente, apunta al corazón de un debate técnico que preocupa tanto a juristas como a inversores: el desplazamiento de la autoridad fiscalizadora del Legislativo hacia la discrecionalidad del Ejecutivo.

Este es el costo oculto de la estabilización. El Decreto Supremo 5503, promulgado a mediados de diciembre bajo el paraguas de una "Emergencia Económica", es mucho más que un recorte de subsidios a los combustibles. Es, en la práctica, una reingeniería de la arquitectura legal del Estado boliviano. La norma otorga a la administración del presidente Rodrigo Paz facultades extraordinarias para aprobar contratos de inversión extranjera en 30 días, comprometer reservas de oro y eludir la aprobación legislativa para operaciones de deuda, bajo la premisa de que la crisis no espera a la burocracia parlamentaria.

"Ningún decreto puede estar por encima de la Constitución. Al otorgar al Ejecutivo la facultad de firmar contratos con fuerza de ley, se está rompiendo el equilibrio de poderes", argumenta un grupo de asambleístas de Cochabamba que ya ha presentado una acción de inconstitucionalidad.

La doctrina del "Fast Track"

El núcleo de la controversia yace en el mecanismo de atracción de inversiones. El DS 5503 implementa un sistema de "silencio administrativo positivo": si el Estado no objeta una propuesta de inversión extranjera en 30 días, esta se considera aprobada.

Para los mercados, esto es música celestial. Sectores como el litio, la agroindustria y la energía han esperado años por un marco jurídico predecible. El decreto promete 15 años de estabilidad tributaria y regulatoria, blindando a las empresas contra futuros cambios políticos.

Sin embargo, para los expertos en derecho administrativo, el precedente es peligroso. La norma permite que estos contratos tengan "efecto normativo", constituyéndose en ley entre partes. En la práctica, esto faculta al Ejecutivo para legislar en materia de recursos naturales, una atribución que la Constitución Política del Estado (CPE) reserva históricamente a la Asamblea Legislativa Plurinacional.

El Artículo 5: La llave de la caja fuerte

Más allá de los contratos, la inquietud financiera se centra en el Artículo 5. Este apartado autoriza al Banco Central de Bolivia (BCB) a realizar operaciones con "garantías o colaterales del Tesoro General de la Nación", incluyendo el oro y otros activos soberanos, para asegurar obligaciones externas.

La lógica del gobierno es impecable desde el punto de vista de la liquidez: ante la escasez de divisas, se necesita apalancar los activos existentes para mantener el flujo de importaciones vitales. "Sin esta flexibilidad, el país se detiene", sostienen fuentes del Ministerio de Economía.

Pero los críticos ven un riesgo de "ejecución sumaria" de los recursos nacionales. Al saltarse el control legislativo para estas operaciones de endeudamiento estructurado, el gobierno elimina el último filtro de transparencia sobre cómo y en qué condiciones se está comprometiendo el futuro financiero del país.

El dilema del "Shock"

El gobierno defiende el DS 5503 con números rojos. Mantener el subsidio a los hidrocarburos costaba al Estado $us 10 millones diarios, una hemorragia insostenible que alimentaba el contrabando hacia países vecinos. Según reportes oficiales, la medida ya ha reducido el consumo de diésel en un 50%, "frenando en seco" el mercado ilegal.

Además, la administración Paz ha intentado endulzar el trago amargo con compensaciones sociales: un aumento del salario mínimo a Bs 3.300 y bonos focalizados. Pero la desconfianza persiste. La Central Obrera Boliviana (COB), otrora aliada del oficialismo de turno, ha girado hacia la oposición, calificando la norma de "privatizadora" y exigiendo su abrogación total.

Para los tomadores de decisiones, el escenario para el inicio de 2026 es binario. Si el gobierno logra sostener el decreto frente a la presión de la calle y el Tribunal Constitucional, Bolivia podría ver una entrada agresiva de capitales en minería y energía. Si cede, el riesgo de colapso fiscal y desabastecimiento volverá a la mesa, pero esta vez con un Ejecutivo políticamente debilitado.

La moneda está en el aire, y por primera vez en años, no es el Legislativo quien decide dónde cae, sino un decreto firmado a puerta cerrada.