El Debate Legal tras el DS 5503: Tensiones entre el Ejecutivo y la Reserva de Ley
Juristas advierten que el Decreto Supremo 5503 podría vulnerar la reserva de ley y el principio de jerarquía normativa. Analizamos cómo esta medida pone a prueba los límites del poder Ejecutivo y qué riesgos de seguridad jurídica implica para el entorno económico nacional
En los pasillos de los bufetes corporativos y las facultades de derecho de La Paz, el análisis técnico a menudo supera al ruido político. Cuando se promulgó el Decreto Supremo 5503, la atención inmediata del público se centró en sus efectos económicos directos. Sin embargo, para los juristas constitucionalistas, la alarma no sonó por los precios o el mercado, sino por la estructura misma de la norma. Advierten que la medida podría haber cruzado la delgada línea que separa la discrecionalidad administrativa de la usurpación de funciones legislativas.
Este decreto no es simplemente una regulación administrativa más; representa, según críticos especializados, un desafío al "núcleo duro" de la Constitución Política del Estado (CPE). La controversia radica en que el Ejecutivo podría estar legislando sobre materias que, por mandato constitucional, están bajo "reserva de ley". En términos simples: decisiones estructurales sobre el modelo económico y los derechos fundamentales que deberían debatirse en la Asamblea Legislativa Plurinacional se están resolviendo mediante la firma presidencial, alterando el sistema de frenos y contrapesos esencial para el Estado Social de Derecho.
"La vulneración del principio de jerarquía normativa no es un tecnicismo; es la puerta de entrada a la inseguridad jurídica para cualquier actor económico o social en el país".
El Argumento de Inconstitucionalidad
El análisis jurídico sugiere que el DS 5503 contraviene el carácter "Plurinacional y Comunitario" del Estado al imponer medidas que modifican la estructura de derechos sin el consenso legislativo necesario. Expertos citados en reportes recientes señalan que la norma ignora los procedimientos establecidos para la modificación de políticas estratégicas, actuando ultra vires (más allá de sus poderes).
La crítica se fundamenta en tres pilares técnicos:
- Vicio de Competencia: El Ejecutivo asume facultades del Legislativo.
- Jerarquía Normativa: Un decreto no puede modificar, ni tácita ni explícitamente, derechos garantizados por leyes superiores o la propia Constitución.
- Seguridad Jurídica: La modificación de reglas de juego mediante decretos genera un clima de inestabilidad para las inversiones a largo plazo.
Impacto en el Clima de Negocios
Para los inversores y el sector privado, este debate trasciende la teoría legal. Si el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) llegara a admitir recursos contra esta norma, la aplicación del decreto podría quedar en suspenso, generando un vacío regulatorio. En el derecho administrativo moderno, la previsibilidad es un activo tan valioso como el capital; normas cuestionadas en su origen tienden a fragilizar la confianza en las instituciones.
La vigencia del DS 5503 ahora enfrenta una prueba de fuego. No se trata solo de su viabilidad económica, sino de si sobrevivirá al escrutinio de constitucionalidad que exigen los garantes del Estado de Derecho. Mientras no exista un fallo definitivo, la norma opera bajo una sombra de duda jurídica.
