Autopsia de un "Golpe Jurídico": El Decreto 5503 fractura la Constitución para imponer impuestos y eludir a la Asamblea
Un análisis forense del Decreto 5503 revela cómo el Ejecutivo utilizó una ley de desastres naturales para usurpar funciones del Legislativo, creando impuestos y recortando derechos laborales en una maniobra que expertos califican de "nulidad absoluta".
Un análisis forense revela cómo el Ejecutivo invocó una ley de desastres naturales para usurpar facultades legislativas, creando un campo minado legal que expone al Gabinete a juicios de responsabilidades.
LA PAZ, Bolivia — El gobierno cruzó el Rubicón jurídico el pasado 18 de diciembre. En un movimiento que expertos califican de "desviación de poder", el Ejecutivo promulgó el Decreto Supremo N° 5503 bajo el paraguas de la "Emergencia Económica Nacional". Pero detrás de la retórica de urgencia, los documentos revelan una maniobra mucho más oscura: la utilización de una ley diseñada para terremotos e inundaciones como pretexto legal para reescribir el código tributario y laboral sin pasar por la Asamblea Legislativa.
El análisis técnico-legal al que tuvo acceso Bolivia Journal, elaborado por Danilo Chambi, no deja margen a la duda: el decreto no es solo una medida de shock económico, es una ruptura del Estado de Derecho que sitúa al país en un escenario de facto.
El Pivote: Gobernar por "Desastre"
La arquitectura legal del Decreto 5503 descansa sobre una falacia. El Ejecutivo fundamentó sus poderes extraordinarios en el Artículo 39 de la Ley N° 602 de Gestión de Riesgos. Esta norma está diseñada taxativamente para salvar vidas ante eventos físicos —amenazas meteorológicas, geológicas o biológicas—.
Sin embargo, el gobierno ha torcido la interpretación jurídica para encuadrar una crisis de balanza de pagos y déficit fiscal como si fuera un huracán. "La crisis económica es un fenómeno de naturaleza política, carente de la cualidad física que la Ley exige", sentencia el informe.
Esta "falsa motivación" tiene un beneficiario claro: el Ejecutivo, que se arroga competencias para legislar por decreto, esquivando el control parlamentario y la necesaria negociación política en un legislativo fragmentado.
La Evidencia: Impuestos sin Representación
El Decreto 5503 viola el principio más sagrado del pacto fiscal democrático: Nullum tributum sine lege (No hay tributo sin ley).
- El "Monotributo" Fantasma: El Artículo 38 instaura el "SIETE-RG", un impuesto del 5% sobre ventas brutas. El Ejecutivo no tiene competencia para crear tributos; esa es una facultad privativa de la Asamblea (Art. 323 CPE). Al hacerlo por decreto, el gobierno no está recaudando; está confiscando.
- Amnistía Encubierta: El Artículo 66 decreta una "prescripción de oficio" masiva de deudas tributarias. En la práctica, el Presidente está disponiendo de activos del Estado (créditos fiscales) sin autorización del Congreso, una acción que podría tipificarse como daño económico al Estado.
- El Artículo de la Supremacía: Quizás la evidencia más condenatoria es el Artículo 118, que establece una "prelación normativa", declarando que el Decreto está por encima de cualquier Ley vigente que lo contradiga. Este intento de derogación tácita invierte la Pirámide de Kelsen y la jerarquía normativa del Artículo 410 de la Constitución. El mensaje es claro: El Decreto es la Ley.
El Impacto: Flexibilización Laboral y Riesgo Penal
Más allá de la ingeniería legal, el impacto en la calle es inmediato. El Artículo 107 promueve la "libre negociación salarial" individual, desmantelando de facto la negociación colectiva y violando el principio de irrenunciabilidad de derechos laborales (Art. 48 CPE). Bajo la excusa de la emergencia, el trabajador queda a merced de una asimetría de poder, sin la protección de la Ley General del Trabajo.
Para los inversores, la promesa de "estabilidad jurídica" del decreto es un espejismo. Un contrato blindado por decreto hoy puede ser anulado mañana por inconstitucional, exponiendo al Estado a arbitrajes internacionales millonarios ante el CIADI por generar expectativas legítimas que no podía cumplir legalmente.
La advertencia final es severa. Según el análisis jurídico, la firma de este decreto no es gratuita. Al usurpar funciones legislativas y legislar contra la Constitución, el Presidente y su gabinete se exponen a futuros Juicios de Responsabilidades por resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. La urgencia económica ha servido de coartada para un atajo autoritario que, irónicamente, podría terminar anulado por los tribunales, dejando al país en una incertidumbre aún mayor.
El gobierno ha apostado su capital político a una carta marcada. Ahora, la justicia y la Asamblea tienen la palabra.
